-Loya, del Centinela a la Fiscalía: premio a cinco años de lealtad
-Golpanazo político a la dirigencia del SNTSS
La visita del secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, a Ciudad Juárez tenía como propósito presentar los detalles del evento de Día de Muertos que se realizará en el Parque Central; sin embargo, un dato llamó la atención durante la rueda de prensa: aunque estaba contemplada la participación del coordinador del Parque Central, Rafael Buchart, finalmente no apareció en el presídium ni acompañó a las autoridades; la ausencia no pasó desapercibida y, según lo que trascendió, su participación habría sido cancelada de último momento.
El movimiento resulta llamativo en medio de los desencuentros que Buchart mantiene con otros funcionarios y de la postura que ha asumido en defensa del regidor Alejandro Jiménez conocido por algunos como “el jimenotas”, quien recientemente renunció al Partido Acción Nacional.
Con este escenario, surgen inevitablemente las preguntas sobre el futuro de Buchart al frente del Parque Central: ¿se trata solamente de un ajuste de agenda o es una señal de que su permanencia comienza a estar en duda? En política, cuando empiezan a aparecer estas señales, pocas veces son producto de la casualidad. ¿Será hora de darle las gracias?
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Finalmente, el tablero político de Chihuahua comienza a acomodarse y el próximo lunes Gilberto Loya Chávez dará el salto de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal a la Fiscalía General del Estado, donde rendirá protesta ante la gobernadora Maru Campos.
Después de cinco años al frente de la Policía Estatal y posteriormente de la SSPE, el capitán Centinela llega a una de las posiciones más importantes del aparato de seguridad estatal, respaldado por una gestión que desde el gobierno se ha presentado como de resultados positivos.
El nombramiento también tiene una lectura política; Loya había contemplado solicitar licencia para buscar una candidatura a la gubernatura de Chihuahua bajo las siglas del Partido Acción Nacional, pero finalmente permaneció en el cargo.
Ese sacrificio político, al menos desde la lectura del círculo cercano al gobierno estatal, parece tener ahora una recompensa: pasar de la operación de seguridad a encabezar la Fiscalía, una institución clave para la administración de justicia y para el proyecto político que encabeza Maru Campos.
Y mientras Loya cambia de oficina, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal tampoco queda en manos desconocidas; Luis Aguirre, quien se desempeñaba como uno de sus principales colaboradores y segundo de abordo, asumirá formalmente la conducción de la corporación.
Así, el relevo termina pareciendo una jugada bastante calculada: Loya llega a la Fiscalía y Aguirre toma las riendas de Seguridad Pública, manteniendo dos piezas conocidas y cercanas a la actual administración; todo indica que, por ahora, los astros se alinearon para que ambas posiciones estratégicas sigan bajo el control político de la gobernadora.
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El rechazo al incremento salarial global de 6.8 por ciento representa un severo golpe político para las dirigencias nacional, estatal y municipal del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS); en el caso de Chihuahua, la Sección VIII, con una participación cercana al 60 por ciento de sus afiliados, votó mayoritariamente por el “no” rotundo a una propuesta que contemplaba apenas 2.9 por ciento al sueldo tabular y 3.9 por ciento en otras prestaciones; el resultado exhibe el profundo malestar de la base trabajadora y obliga a sus dirigentes a regresar a la mesa de negociación con el oficialismo, encabezado por Zoé Robledo, director general del IMSS.
El rechazo no es un simple desacuerdo porcentual: es una expresión de hartazgo acumulado; la dirigencia sindical, señalada por amplios sectores como cercana al gobierno y alejada de las necesidades reales de los trabajadores, enfrenta ahora una presión que ya no puede ignorar. Robledo, quien lleva casi ocho años al frente del instituto, deberá sortear un vendaval político y laboral que pone en duda la viabilidad de su conducción; el deterioro del IMSS se ha profundizado durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, y la inconformidad sindical podría convertirse en uno de los mayores desafíos de su administración.
Sin embargo, el problema no se limita a la negociación salarial; las dirigencias que hoy pretenden representar a los trabajadores también cargan con el descrédito de haber permitido el debilitamiento de la organización sindical; para la base, su permanencia al frente del SNTSS —en los ámbitos nacional, estatal y municipal— resulta cada vez más difícil de justificar; si existe una consecuencia positiva de este rechazo, es que puede abrir la puerta a una renovación profunda, con representantes menos complacientes y más comprometidos con la defensa de los derechos laborales.
A la par, no debe olvidarse la crisis cotidiana que padecen derechohabientes y trabajadores; las consultas de medicina familiar y de especialidades se retrasan, los estudios de laboratorio e imagenología se programan a meses de distancia, las cirugías deben enviarse a otras ciudades como Torreón o Monterrey y la falta de medicamentos se ha vuelto una constante; el IMSS atraviesa una de sus peores etapas desde su creación en la década de los cuarenta: deficientes prestaciones, servicios saturados, desabasto y condiciones laborales cada vez más precarias; el voto mayoritario por el “no” es, en ese sentido, mucho más que una protesta salarial: es el reclamo de una institución que exige recuperar su dignidad.
