En un mundo donde una línea escrita desde Washington puede alterar rutas enteras, Estados Unidos volvió a demostrar su poder unilateral con un simple aviso. El NOTAM A0012/25, emitido el 21 de noviembre por la FAA y vigente hasta febrero de 2026, advierte sobre una “situación potencialmente peligrosa” en el espacio aéreo venezolano debido a interferencias GNSS y “actividad militar aumentada”.
Aunque técnicamente no es una prohibición, en la práctica funciona como un veto invisible. Desde 2019 ninguna aerolínea estadounidense opera hacia Venezuela, pero si alguna decidiera hacerlo, el nuevo aviso exige notificar cada vuelo con 72 horas de anticipación y aplicar medidas especiales de seguridad. La advertencia, señalan expertos, tiene un efecto dominó que arrastra al resto del mundo.
El impacto fue inmediato. Iberia anunció que suspenderá sus vuelos a Caracas a partir del lunes y hasta nuevo aviso; Avianca canceló rutas desde Bogotá; TAP Air Portugal, Gol y LATAM también paralizaron temporalmente sus operaciones. El aeropuerto internacional de Maiquetía quedó prácticamente vacío este fin de semana.
Miles de pasajeros —entre ellos numerosos miembros de la diáspora venezolana en España— quedaron varados o desviados a Panamá y Bogotá, enfrentando retrasos, costos adicionales y reprogramaciones indefinidas. Agencias de viaje reportan una oleada de reclamaciones y un creciente temor de que la suspensión se extienda más allá del plazo “temporal”.
Aunque la FAA habla de riesgos técnicos, críticos sostienen que buena parte de la “actividad militar aumentada” proviene del propio despliegue estadounidense en el Caribe, lo que aviva el debate sobre el uso del poder aéreo como herramienta diplomática y geopolítica.
