Por Rafael Cano Franco
Construir narrativas creíbles es una necesidad para los gobiernos; no solamente se trata de afianzar una postura política que el gobierno en turno intenta posicionar, también se trata de evitar que sucesos de momento afecten la imagen que se está construyendo.
En el gobierno de Claudia Sheinbaum, las narrativas son muy importantes para tratar de minimizar los impactos negativos.
Si el gobierno de Estados Unidos dice que México es un país donde el crimen organizado domina extensos territorios –más del 50 por ciento—esa versión va en detrimento de la idea de que se está avanzando en la pacificación y por tanto se debe neutralizar o combatir.
Si las cifras de personas que pierden la vida en eventos armados y derivados del crimen organizado, es una manifestación de que las políticas en materia de seguridad pública no están funcionando y por tanto hay que generar una información diferente o que distorsione esa realidad: sea alterando las cifras, cambiando los términos o, incluso, aumentando otros delitos que tienen menos impacto que los homicidios, los desaparecidos, por ejemplo.
Si el gobierno habla de que la situación económica se refleja en el bolsillo de las familias, entonces debe presentar los argumentos que avalen tal afirmación; pero si resulta que el crecimiento es nulo, que la inflación no se detiene y que el poder adquisitivo se deteriora, entonces la narrativa no tiene soporte en la realidad.
Bueno, algo así le acaba de suceder a la presidente Claudia Sheinbaum; durante el evento realizado en el Zócalo, donde se celebraron siete años de gobierno de la Cuarta Trasformación, a voz en cuello ella aseguró que, en Morena, su partido, no permitían ni aceptaban que se les vinculara al crimen organizado y que todos aquellos que estuvieran ligados debían ser investigados.
Cuatro días después de esa afirmación, la fiscalía general de la República en una acción coordinada por la Secretaría de Seguridad anunciaron que en la región de la Laguna habían detenido a Edgar Rodríguez Ortiz, “El Limones”, un operador del cártel de “Los Cabrera Sarabia” una ramificación del Cártel de Sinaloa que opera en Durango y Coahuila donde tendría su base de operaciones.
Desde mediados de año, empresarios de la región de La Laguna venían denunciando cobro de piso, extorsiones, cobro de cuotas por la movilización de ganado y otros tipos pagos que debían de hacer a la dirigencia local de la Confederación de Trabajadores de México (Catem), donde “El Limones” era precisamente el secretario de Organización.
Aquí el tema no es el vínculo que este personaje tenga con los grupos criminales, sino el acceso a los grupos de poder político que tenía, derivado de su posición sindical y como producto de los “apoyos políticos” que brindaba y que están documentados en fotografías con los personajes más importantes de México, incluso con la presidente Claudia Sheinbaum.
El dirigente nacional de Catem, el diputado Pedro Haces intentó desafanarse del problema negando que Edgar Rodríguez militara en las filas de la organización sindical y menos que tuviera un cargo directivo, pero su explicación no solamente fue un burdo intento por desligarse de él, al final solamente exhibió el grado de temor que tenía al ser descubierto esa asociación criminal entre un directivo de Catem y el crimen organizado.
Cuando la narrativa de la presidente Claudia Sheinbaum se vio comprometida por esta evidente contradicción, desde el gobierno trataron de corregir su versión y señalaron que “El Limones” era un criminal al que se juzgaba por delitos de delincuencia organizada pero que nada tenía que ver su participación en la organización sindical a la que pertenecía.
Es decir, aceptaron que se trata de un criminal, que operó políticamente para Morena, pero que no utilizó a la Catem para sus fechorías ¿y entonces porqué los empresarios de La Laguna lo acusaban justamente de que las extorsiones las afianzaba con un influyentismo que rayaba en la complicidad?
Las narrativas que intenta establecer el gobierno de Claudia Sheinbaum son lo común en cualquier gobierno, pero para lograr el cometido de que se posicionen requieren de dos cosas:
Primero, que los ciudadanos la perciban como una realidad y que la adopten; esto significa que no se presenten eventos que nos lleven a considerar que estamos siendo engañados porque entonces la credibilidad gubernamental se pierde y eso se manifiesta en una pérdida de votos.
Segundo, es menester que el gobierno mantenga su versión a pesar de que existan hechos que la desacrediten, esto debe ser así porque cuando se modifican versiones a conveniencia, lo que hacen es desacreditar la narrativa original y los intentos por ajustarla forzadamente a los hechos, lo único que termina por generar es el calificativo de “gobierno mentiroso”.
En el gobierno de Claudia Sheinbaum se han vueltos expertos en las maromas comunicativas, es decir en tratar de ajustar a su conveniencia los hechos que desmienten a la presidente o que nos dan indicativos de que miente en sus expresiones; esto es peligroso porque se puede dejar de creer en secretarios, directivos, senadores o diputados, pero no en la palabra Presidencial, esa debe ser cuidada en extremo y siempre debe ser validad por los hechos.
No solamente se trata de su imagen pública, también de su credibilidad ante el pueblo, pero sobre todo de que el resto del mundo le crea.
Por lo pronto en la narrativa gubernamental no hay actos de terror, aunque un coche bomba explote; no hay “narco funcionarios” a pesar de Hernán Bermúdez, de Adán Augusto López y ahora Edgar Rodríguez; no hay corrupción a pesar del “huachicol fiscal” y el pueblo sabio y bueno sigue amando a su Presidente de la República aunque en las encuestas perdió 20 puntos en un lapso de 90 días.
Y es que al final parecen no entender aquello de que “la forma es fondo”.
