—Sheinbaum le hace el paro a Marina del Pilar
—Se hacen los occisos en casos de retiro de visas
—Morenos patean el bote de la deuda pública
Era cuestión de tiempo para que el Departamento de Justicia de Estados Unidos diera el paso decisivo para aplicar el delito de narcoterrorismo contra miembros activos de los cárteles mexicanos.
Ayer, el Fiscal Federal para el Distrito Sur de California, Adam Gord, envió un contundente mensaje a los líderes del cártel de Sinaloa: están en la mira y serán perseguidos porque son considerados como narcoterroristas.
Es la primera vez que se aplica este cargo a un cártel mexicano, es el Grupo de los Beltrán Leyva, una facción dentro del cártel de Sinaloa, el objetivo principal.
De estos, dos son acusados de narcoterrorismo: Pedro Inzunza Noriega, alias “Sagitario”, y su hijo Pedro Inzunza Coronel, conocido como “Pichón”. Ambos son señalados como cabecillas de los Beltrán Leyva, una organización que el gobierno estadounidense considera operadora de la mayor red de producción de fentanilo en el mundo.
Los otros cinco líderes acusados enfrentan cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero: David Heredia (“Tano”), Óscar René Menéndez, Elías Quirós Benavides, Daniel Eduardo Bohórquez (“El Chopper”) y Javier Vázquez. Estas personas están implicadas en el tráfico de sustancias como fentanilo, metanfetaminas, heroína y cocaína hacia Estados Unidos.
“Los perseguiremos hasta que, en última instancia, enfrenten su destino y comparezcan ante la justicia aquí, en una sala del tribunal del Distrito Sur de California”. Esta es la primera vez que se utiliza el delito de narcoterrorismo para acusar a varios líderes de un cártel mexicano.
Además, el gobierno de Estados Unidos anunció que ya tiene en la mira a otros miembros del cártel de Sinaloa y sus facciones. Entre los próximos imputados estarían Iván Archivaldo Guzmán, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán; Ismael Zambada Sicairos, heredero de Ismael “El Mayo” Zambada; y José Gil Caro Quintero, alias “El Chino”, sobrino de Rafael Caro Quintero y líder de la facción Caborca de los Beltrán Leyva.
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Ante el silencio de la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, por el escándalo por retiro de su visa estadounidense, la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que salir en su defensa en la conferencia mañanera.
La gober morenista es una influencer consumada, pero tras esta crisis de su imagen pública la llevó a un aislamiento y a un ayuno de cuatro días de redes sociales, su conducta ha sido muy distinta a lo que tiene acostumbrado a sus “followers”.
En la mañanera de este martes, la presidenta tuvo que intervenir y dijo que no hay cuentas congeladas ni problemas financieros de la gobernadora, pero tampoco pudo explicar el motivo detrás de la decisión. La única información oficial provino de la embajada de Estados Unidos en México, que también calificó el asunto como personal y privado.
Este escabroso tema de la visa ha dejado mucha especulación y ha generado más preguntas que respuestas. Hace cuatro días, el esposo de la Gobernadora reveló que le retiraron la visa, y tres días después, ella misma lo confirmó. Hasta ahora, no han dado explicaciones claras sobre el motivo.
Lo único que ha dicho es que “no le fueron canceladas, ni congeladas cuentas en Estados Unidos, simplemente porque no existen”.
Afirman que no existen investigaciones, delitos ni cuentas congeladas, pero tampoco aclaran a qué se debe. Inicialmente dijeron que era “una situación”, luego “una decisión administrativa” y ahora lo describen como “un tema personal”. Pero ¿por qué no se aclara directamente la causa del retiro?
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Por otro lado, surgieron rumores en redes sociales sobre el posible retiro de la visa al Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. La vocería de seguridad del estado intentó desmentirlo, pero sus respuestas generaron más preguntas.
Publicaron un tuit afirmando que la información era falsa, pero minutos después lo corrigieron para decir que no estaba confirmada. Más tarde, emitieron una tercera versión, sugiriendo a la ciudadanía informarse solo a través de los canales oficiales.
En resumen, tanto el caso de la gober de Baja California como el de Tamaulipas están sujetos a incertidumbre, generando preguntas sobre la transparencia de los gobernadores de Morena involucrados.
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Muchos mexicanos se preguntan por qué el gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no exige explicaciones cuando a alguna persona se le revoca su visa de turista.
Aunque no se trate de un anuncio en la mañanera, podría gestionarse mediante los canales diplomáticos adecuados.
Es evidente que este tema se utiliza como un distractor para evitar que se hable ampliamente sobre las razones por las que una de las gobernadoras predilectas perdió su visa de turista.
Sin embargo, surgen especulaciones sobre si el Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) está actuando en favor de sectores conservadores o incluso de figuras como Felipe Calderón.
Las sospechas se centran en los posibles motivos que llevarían a que ciertos funcionarios de distintos niveles del gobierno mexicano sean considerados indeseables en los Estados Unidos.
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó sobre el refinanciamiento de 154,000 millones de pesos de deuda con vencimientos entre 2025 y 2027.
La operación incluye la emisión de nuevos instrumentos con plazos hasta 2054, reduciendo el costo financiero en 840 millones de pesos para 2025 y extendiendo el plazo promedio de la deuda en 5.18 años.
Esto fortalece la estructura financiera del país y refuerza la confianza de los inversionistas, según aseguran los asesores financieros de la cuatroté.
Refinanciar es te debo 100 pesos a un año y te pagaré 30 pesos de intereses, te los pago a 5 años y te pagaré 100 pesos de intereses.
El refinanciamiento de deuda puede entenderse como un acuerdo en el que, inicialmente, se debía pagar una cantidad menor en un plazo corto con ciertos intereses, pero se renegocia para extender el plazo y pagar mayores intereses en el largo plazo.
Esta estrategia, conocida coloquialmente como “patear el bote”, puede generar consecuencias futuras para quienes estarán a cargo de manejar la deuda.
Esto ocurre en un contexto donde el Departamento de Estado ya ha incluido ciertos aspectos financieros en su lista de preocupaciones, lo que podría indicar irregularidades en las operaciones.
Además, este modelo de gestión refleja una actitud ambiciosa que prioriza obtener beneficios inmediatos, dejando de lado posibles impactos a largo plazo.
