—Mesa de paz presume baja en delitos, pero el clima sigue tenso
—Caso del periodista Edgar Leyva pone en jaque la libertad de expresión
–Foro Nacional de Periodistas exige acciones concretas tras ataques a comunicadores
Maru Campos aterrizó en juaritos este lunes solo para una visita relámpago, pero pesada. Por la mañana, con café y galletitas, la gobernadora encabezó la reunión de la famosa Mesa Estatal de Construcción de Paz que se llevó a cabo en Pueblito Mexicano.
Ahí, entre elogios y reportes de “delincuencia a la baja”, se presumió un descenso en los delitos de alto impacto. Bien por Chihuahua, aunque dicen que más de un juarense lo toma con reserva; ya sabe uno cómo son los números oficiales.
Luego, caminito a las oficinas de Innovación y Desarrollo Económico, allí Maru se reunió con empresarios. No trascendieron los temas que abordaron.
La reunión de la Mesa de Seguridad dicen que fue para “reforzar estrategias conjuntas” y “mantener la paz”, pero más de uno se pregunta si el clima de seguridad está tan tranquilo como los reportes policiales aseguran. Porque entre homicidios dolosos, secuestros y extorsiones, los generadores de violencia siguen dando lata, sobre todo en está la frontera.
Eso sí, Maru no llegó sola a la reunión de seguridad, le acompañaban el secretario general de Gobierno Santiago de la Peña, el fiscal del Estado César Jáuregui y el mero mero de Seguridad Pública Estatal, el capi Centinela, Gil Loya.
Por su lado llegaron altos mandos militares y la representación de la FGR y el CNI.
La gobernadora pidió seguir con las estrategias conjuntas. Tradúzcase: “no bajen la guardia, pero tampoco le bajen el rating”.
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En México, la libertad de expresión se ha convertido en un derecho que se ejerce bajo la sombra de la amenaza. El caso del periodista oaxaqueño Edgar Leyva es un recordatorio doloroso de la fragilidad de las garantías que el Estado ofrece a quienes cumplen la noble tarea de informar.
Leyva, reconocido por su labor de investigación en temas de despojo de tierras y corrupción, enfrenta no solo los riesgos inherentes a su profesión, sino también la indiferencia institucional ante hechos que ponen en peligro su vida y la de su familia.
El pasado jueves 27 de noviembre, Leyva fue citado por el juez Moisés Chicati a una audiencia presencial en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, territorio marcado por la influencia de grupos criminales que, en febrero de 2021, atentaron contra su vida y acabaron con la de su hermana y su tía.
¿Cómo puede el Estado exigir la presencia de la víctima en el mismo lugar donde se gestó la violencia, mientras permite la participación virtual del imputado? Esta contradicción no sólo pone en riesgo la integridad del comunicador, sino que envía un mensaje de desprotección a todos los periodistas que trabajan en contextos similares.
La labor periodística en regiones como Ocotlán, Ejutla y Miahuatlán es una tarea heroica. Los comunicadores se enfrentan a intereses económicos y políticos que no dudan en recurrir a la violencia para silenciar voces incómodas.
El Estado, sin embargo, parece olvidar que la protección de periodistas no es un favor, sino una obligación irrenunciable. La libertad de expresión y el derecho a la información requieren condiciones de seguridad y legalidad, y la procuración de justicia debe garantizar procesos sin riesgo para quienes participan en ellos.
El Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores A.C. ha solicitado acciones concretas a las autoridades: avanzar en las investigaciones, garantizar la seguridad en las audiencias y establecer mecanismos de protección efectivos.
Pero, ¿cuántas veces hemos escuchado promesas similares tras cada agresión? La impunidad es el verdadero enemigo de la libertad de prensa. Mientras los autores intelectuales y materiales de los ataques sigan libres, la violencia contra periodistas continuará siendo una constante en nuestro país.
La defensa de la libertad de expresión no puede depender únicamente de la valentía de quienes la ejercen. Es indispensable que las autoridades federales y estatales asuman su responsabilidad y actúen con firmeza.
La colaboración institucional y el establecimiento de entornos seguros para el ejercicio periodístico son tareas impostergables. De lo contrario, cada nuevo caso como el de Edgar Leyva será una derrota para la democracia y el derecho a la información.
En tiempos de incertidumbre y violencia, el periodismo libre es uno de los últimos bastiones de la verdad. Si el Estado no está dispuesto a protegerlo, ¿qué futuro nos espera como sociedad? La pregunta queda en el aire, esperando respuestas que, por ahora, parecen tan lejanas como la justicia misma.
