Vaya fin de semanita el que les reventó en la cara a los de la 4T con el caso Rubén Rocha Moya: 72 horas de locura, adrenalina política, crisis institucional, presión opositora y tensión binacional al rojo vivo.
Rubén Rocha Moya regresó a ejercer el cargo de gobernador de Sinaloa con toda la carga jurídica y política que eso representó para Morena, para la presi Claudia Sheinbaum y, por supuesto, para los gringos y el presidente Trump.
Pero muy poco le duró el gusto: apenas alcanzó a volver a sentarse en la silla grande del palacio estatal cuando tuvo que recular y emprender, otra vez, la retirada.
Todo indica que la jugada no le salió a la cuatroté. El rechazo al regreso de Rocha Moya —de propios, extraños y adversarios— fue brutal. No se la acabaron.
Rocha Moya anunció su regreso como gobernador tras 112 días de licencia, argumentando que la FGR no encontró pruebas que lo vinculen con delitos derivados de las acusaciones de Estados Unidos sobre presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.
Según él, regresó “con la frente limpia y en alto” y con el deber de cumplir el mandato de las y los sinaloenses hasta 2027. El problema es que la política no se limpia con declaraciones. ¡Órale!
Vale recordar que el gobernador se fue porque Estados Unidos lo requiere por narcotráfico y porque la justicia estadounidense lo acusa de conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa para exportar narcóticos a cambio de sobornos.
Sin embargo, cuando nadie lo esperaba, Rocha Moya reapareció. Y su retorno no fue una reincorporación tersa: fue una granada política que detonó reacciones institucionales, partidistas y diplomáticas, y volvió a poner a Sinaloa en el centro del pleito México–Estados Unidos por el narcotráfico.
La noticia corrió como reguero de pólvora y, ante el tamaño del incendio, la presidenta Claudia Sheinbaum optó por marcar distancia: dijo desconocer los motivos de la decisión del gobernador y dejó claro, sin decirlo del todo, que ese regreso no venía arropado desde Palacio Nacional.
Después vino el mensaje en X: México merece servidores públicos que entiendan que los cargos son pasajeros y que ningún interés personal puede estar por encima del pueblo ni de la Nación. Traducido al lenguaje político: no era respaldo, era jalón de orejas.
La Secretaría de Gobernación también se hizo a un lado: en un comunicado subrayó que la reincorporación fue “una determinación de carácter personal” y recordó que las investigaciones de la FGR siguen abiertas contra Rocha y otros nueve funcionarios y exfuncionarios. En otras palabras: ni abrazo, ni cobijo, ni cheque en blanco.
La dirigencia nacional de Morena tampoco compró boleto para ese viaje, aseguró que no tuvo conocimiento previo de la decisión y tomó distancia del movimiento de Rocha. Cuando hasta los tuyos se hacen a un lado, el mensaje es clarísimo.
Horas después del mensaje de Sheinbaum y del rechazo generalizado, Rocha Moya no tuvo margen para sostener la apuesta, presentó ante la Diputación Permanente del Congreso de Sinaloa una nueva solicitud de licencia temporal “con carácter indefinido por más de treinta días”. La vuelta terminó en reversa.
Al difundir el oficio, escribió, “Sinaloa, la nación y el movimiento de transformación están por encima de todo”. Sonó a sacrificio político, pero también a control de daños, salir antes de que el incendio alcanzara a todo el movimiento.
La licencia es por más de 30 días, sin tope máximo establecido en la Constitución local; Rocha conserva sus derechos políticos y podría reincorporarse si lo solicita formalmente. El Congreso debe decidir si concede la licencia y nombra a un interino, previsiblemente Yeraldine Bonilla, quien ya había quedado al frente del despacho desde mayo.
