–Le bajan las ganas de ser candidato a Iván Pérez
— Brighite Granados hace su luchita en Morena
–Pide Mario Vázquez piso parejo para suspirantes
Los crucistas andan más motivados que nunca desde que Claudia Sheinbaum le metió freno —al menos en el discurso— a la jugada panista para imponer criterios de género en la candidatura a la gubernatura de Chihuahua.
En el equipo de Cruz Pérez Cuéllar no tardaron en hacer la traducción política: si la presidenta descalifica una reforma hecha a la medida, entonces el mensaje les cayó como guiño directo. Así, lo que en Palacio se planteó como una objeción a una maniobra legislativa, en juaritos lo leyeron como bendición adelantada para el alcalde.
Y es que en la grilla nadie se chupa el dedo, cuando desde arriba dicen que una ley lleva nombre y apellido, abajo de inmediato asumen que también ya tiene destinatario la candidatura.
Del otro lado seguramente argumentarán que se trata de fortalecer la participación de las mujeres y garantizar espacios de representación. El problema es que el momento escogido alimenta la percepción de que detrás del discurso institucional hay también cálculos electorales bastante terrenales.
Así que el debate apenas comienza, pero los codazos ya comenzaron a repartirse en la fila de salida.
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Por más que en algunos círculos empresariales se haya intentado presentar el conflicto de Iván Pérez Ruiz como una simple diferencia de opiniones o una disputa de representación, los expedientes parecen contar otra historia.
Y es que las denuncias promovidas por Plan Estratégico de Juárez ante la Fiscalía Anticorrupción no sólo siguen vivas, sino que habrían entrado a una etapa delicada, donde ya se habla de revisiones patrimoniales, análisis financieros e incluso de la eventual inmovilización de cuentas para el desarrollo de peritajes.
Y, por cierto, este tipo de charalitos son los que le gusta pescar al fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo El Bayo Valenzuela, así que no dude que en una de esas le echen el guanta al abogado Pérez Ruiz.
El Asunto no gira alrededor de discursos ni posicionamientos políticos. Los señalamientos apuntan a presuntos contratos otorgados durante su paso por la administración municipal a empresas relacionadas con su entorno empresarial.
Los montos observados alcanzan varios millones de pesos y las investigaciones buscan determinar si existieron conflictos de interés, tráfico de influencias o algún tipo de beneficio indebido.
Como si eso no fuera suficiente, al expediente se han sumado versiones sobre revisiones financieras y posibles indagatorias relacionadas con movimientos patrimoniales. Hasta ahora no existen resoluciones definitivas, pero el tema dejó de ser un asunto de grilla para entrar de lleno al terreno jurídico.
Mientras tanto, en el frente empresarial tampoco hay tregua. La ruptura con CONCANACO derivó en procedimientos internos, suspensiones y una guerra de versiones donde cada parte intenta imponer su relato.
Lo cierto es que, más allá de quién gane la batalla mediática, el problema para Iván Pérez no está en los comunicados ni en las redes sociales. Está en los expedientes.
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Dicen que en política los apodos pesan más que los discursos, y en Chihuahua ya arrancó la temporada de etiquetas rumbo a lo que venga en 2027.
Resulta que la gobernadora Maru Campos soltó una frase que hizo eco más allá de las fronteras estatales al referirse al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum como un “gobierno de la muerte”. Y como era de esperarse, del otro lado de la banqueta no tardaron en responder.
La dirigente estatal de Morena, Brighite Granados, salió al quite y le regresó la pelota al PAN con toda la fuerza posible. Según la lideresa guinda, quienes militan en el partido que llevó a Genaro García Luna a la Secretaría de Seguridad son los menos indicados para repartir certificados de autoridad moral en temas de violencia.
Y es que cada vez que el panismo intenta colocar sobre la mesa la inseguridad actual, Morena responde sacando del archivo histórico la fotografía de Felipe Calderón y el expediente judicial de García Luna. Es una fórmula que ya parece automática: unos hablan del presente y los otros contestan con el pasado.
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El senador Mario Vázquez puso sobre la mesa una propuesta que, curiosamente, suele gustar mucho cuando todavía no hay candidato definido: consultar a la militancia y también a los ciudadanos para decidir quién será el abanderado azul en las próximas contiendas.
Lo anterior lo dijo el senador después de haberse reunido con César Jáuregui quien aspira a la presidencia municipal de Chihuahua, y no quieren un madruguete o dedazo de palacio estatal.
Vázquez habló de equidad, de reglas claras y de procesos que permitan que los derrotados acepten el resultado sin salir dando portazos.
Dicho de otra manera, pidió algo que en teoría parece sencillo, pero que en la práctica ha sido una de las tareas más complicadas para cualquier partido político, lograr que todos queden conformes después de una elección interna.
Llamó la atención la insistencia del senador en que tanto el Comité Ejecutivo Nacional como la dirigencia estatal actúen como árbitros imparciales. En política, cuando alguien pide árbitros neutrales, generalmente es porque teme que alguno de los jugadores ya esté calentando junto al silbante.
